¿El gobierno
nacional aumentó o no aumentó el salario de las trabajadoras y los trabajadores
universitarios? ¿Qué ganan con la convención colectiva quienes laboran en las
casas de estudio? Lea aquí.
¿El gobierno
nacional aumentó o no aumentó el salario de las trabajadoras y los trabajadores
universitarios? ¿Es el contrato firmado -en el contexto de la Reunión Normativa
Laboral- perjudicial o beneficioso para las universidades? ¿Qué ganan con la
convención colectiva quienes laboran en las casas de estudio? Carlos López,
presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela
(Fetrauve), da respuesta a las 30 dudas más recurrentes sobre este convenio, ya
firmado por las partes.
¿Cuáles son los
beneficios salariales logrados en la reunión normativa laboral?
Hay un salario real
y un salario social. En cuanto al salario real, lo que se cobra cada 15 y
último, la convención cumple con dignificar el salario de la y el docente
universitario, de empleadas, empleados, obreras y obreros que estaban en
condiciones desventajosas en relación a la inflación.
Los aumentos
directos son de 25% desde el 1 de enero de 2013, 25% desde el 1 de septiembre
de 2013 y 25% desde el 1 de enero de 2014. En total, el incremento es de 95%,
porque el 25% de cada ajuste se hace con base en el monto que ya se ajustó. El
primer incremento se cobrará a partir del 15 de julio de 2013.
¿Se ajustaron las
tablas?
Las tablas más bajas
de obreras, obreros, empleadas y empleados estaban por debajo del salario
mínimo. Una vez que se igualó con el salario mínimo se generó un ajuste con la
tabla completa. Por ello, con el ajuste previo y el 25% a partir del 1 de enero
de 2013, el primer incremento varía entre 49% y 66%.
Con el ajuste, ¿cómo
quedan los salarios?
Con estas
modificaciones el obrero que menos gana obtendrá 4.332 bolívares al mes en
2014, además de las primas (600 bolívares por hogar, 360 bolívares por hija o
hijo); si además tiene un título profesional recibirá una prima de 700
bolívares desde 2014 si es técnico, de 800 bolívares en caso de poseer una
licenciatura y de 900 bolívares si tiene títulos de cuarto nivel. La obrera o
el obrero que más ganan recibirán 5.678 bolívares más primas. La empleada o el
empleado que menos gana obtendrá 4.332 bolívares, y el que más gana percibirá
8.771 bolívares en enero de 2014. La profesora o el profesor del escalafón más
bajo (instructor a tiempo completo) tendrán un sueldo de 6.867 más las primas
(por hogar, por hijo, de docente). La instructora o el instructor a dedicación
exclusiva ganará 8.338 más las primas. El titular a tiempo completo percibirá
9.936 bolívares más las primas, y si labora a dedicación exclusiva llegará a
14.832 bolívares. A esto se les suman las primas de titularidad y de doctorado.
Por eso un titular a dedicación exclusiva puede llegar a cerca de 20 mil
bolívares.
¿Cómo quedan las
jubiladas y los jubilados?
A las trabajadoras y
los trabajadores jubilados se les calcularon los aumentos salariales
progresivos; son aumentos sobre la pensión de jubilación (que tienen incluidas
las primas). También cobran a partir del 15 de julio.
¿Los aumentos son
competitivos, tomando en cuenta que hay una queja perenne por la fuga de
cerebros debido a la baja remuneración en las universidades venezolanas?
Los aumentos le
permiten a una trabajadora o un trabajador universitario docente, que tenga
claro su compromiso con la patria y con la sociedad, tener un salario muy digno
para permanecer en las universidades. Si se compara con sueldos trasnacionales,
basados en la acumulación desaforada de capital, no es comparable, pero esa no
es la mentalidad que debe privar, reflexionó. El sueldo está totalmente
dignificado, es suficiente, supera la inflación de los últimos años.
La Fapuv reclama las
normas de homologación
No hubo aumento
salarial en 2009, en 2010 ni en 2012. Si las normas de homologación se
aplicaran desde 2009, primer año sin aumento salarial, y se compara contra el
aumento aprobado en 2011 por el comandante Hugo Chávez y el de ahora, la
realidad es que ahora se superan ampliamente los montos que hubiesen resultado
de las normas. Los supera, por lo menos, en 30% a 40%.
¿Por qué Fapuv
insiste en las normas?
Las normas de
homologación “se convirtieron en una bandera política, no gremial, por parte de
la Fapuv, porque han obviado de una manera persistente las bondades de la
aplicación de una discusión contractual, basándose en la ley del trabajo y en
los porcentajes logrados”, señaló. Las normas de homologación fueron aprobadas
por el CNU en 1982, bajo el mandato del presidente Luis Herrera (Copei).
Cumplían el objetivo de aplastar el derecho de las profesoras y los profesores
y a la negociación colectiva de las y los docentes con sus respectivos Consejos
Universitarios, derecho que prevaleció como una conquista que permitía la ley
de universidades del año 70. La Fapuv de aquella época enfrentó las normas de
homologación y demandó la nulidad de las normas en 1983, pero la Corte Suprema
de la época las ratificó. A partir de allí Fapuv cambió de estrategia y comenzó
a utilizarlas como un instrumento que permitía parcialmente negociar
condiciones de trabajo con el CNU.
Las normas
establecían la revisión salarial cada dos años con base en los índices de
inflación del Banco Central de Venezuela, y la consulta -solo consulta- a la
Fapuv. En 1996 el entonces presidente Rafael Caldera propuso el cambio de la
ley del trabajo, con la que se reivindica parcialmente el derecho a la
convención colectiva y a la huelga por parte de las trabajadoras y los
trabajadores públicos. La Constitución Bolivariana de 1999 le da rango
constitucional, por primera vez en la historia, a la convención colectiva y a
la huelga, consagrada como un derecho constitucional condicionado.
Posteriormente en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los
Trabajadores (Lottt) se ratifica ese derecho, se normaliza, se profundiza y se
les da a las profesoras y a los profesores una herramienta enorme para la
negociación de sus condiciones, al igual que a las empleadas, los empleados,
las obreras y obreros universitarios. Es la primera convención colectiva única.
Otros elementos que se incorporan son la comprensión del trabajo como un
proceso social, en el que todas y todos estamos integrados. La convención
colectiva dignifica el trabajo de todos, y nos convierte en un colectivo
integrado con un fin básico: la formación, la generación del conocimiento y la
vinculación social.
¿Por qué discutir
los tres sectores juntos?
“Estamos en un
proceso de transformación. La Revolución tiene como meta eliminar las
divisiones entre sectores de trabajadores, entendiendo que hay estratificación
de salario por razones obvias, pero la idea es reivindicar que todos somos
dependientes de un salario, todos somos trabajadores, pero la cultura
neoliberal de la Cuarta República nos mantenía separados y enfrentados unos
contra otros”, refirió López. “Algunos sectores de profesores no se sienten
trabajadores, pero creemos que eso está superado”. Hay unos 100 mil docentes
universitarios, de los que 20 mil están jubilados. De los 80 mil activos, unos
50 mil están en el nuevo sistema; es decir, están adaptados a una nueva
realidad, integrados a una nueva visión.
¿Hay razones para
continuar el conflicto?
De acuerdo con López
“no hubo razones para comenzarlo y en consecuencia ni debe continuar”. Recordó
que el conflicto comenzó a mediados de mayo, cuando ya estaba instalada la
convención colectiva. “El conflicto no tuvo nunca un interés real de favorecer
aumentos de salarios de profesoras o de profesores; siempre estuvo direccionado
a enfrentar al gobierno bolivariano, con el pretexto de que Fapuv no era
recibida por el gobierno para negociar, cuando la realidad es que Fapuv se
autoexcluye porque no da los pasos”. Subrayó que si la federación se
sindicaliza “tiene todas las bondades que le permite la Constitución”.
¿Fapuv pudo
participar en los debates?
El presidente
Chávez, en septiembre de 2012, le dio el visto bueno a la convención unificada
como primera experiencia de aplicación de la Lottt. Cuando se ordenó eso
comenzamos un proceso de consultas a las federaciones existentes, así como a
las asociaciones de profesoras y profesores universitarios afiliadas a la
Fapuv. Ese proceso llevó a que el 20 de octubre de 2012 la Inspectoría del
Trabajo admitiera los dos proyectos de contrato y ordenara unificarlos, relató
López. “En el proceso de unificación se incorporaron ocho asociaciones de
profesores con muchos aportes y criterios, lo que llevó a que el documento
final estuviera enriquecido con todos los sectores”. El proyecto final se
presentó el 21 de enero de 2013, y se instaló la convención el pasado 20 de
mayo.
“La dirección de
Fapuv se mantuvo públicamente en permanente enfrentamiento a las políticas
laborales de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, lo que dificultó mucho un proceso
de acercamiento y de incorporación”, expresó el dirigente sindical. Sin
embargo, llamó la atención acerca de que otras asociaciones profesorales
participaron, como las de La Universidad del Zulia (LUZ), la de la Universidad
Centro-Occidental Lisandro Alvarado, la Universidad Nacional Experimental
Politécnica, la Universidad de Oriente (UDO) núcleo Sucre, la Universidad Simón
Bolívar, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la Universidad
Nacional Experimental del Sur del Lago (Unesur) y la Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt.
“Estas asociaciones
participaron en la elaboración de la propuesta, y nombraron a tres voceros que
los representaran: Manuel Centeno, por la UDO; Karelis Fernández, por LUZ, y
Luis Torres, por Apunesur. Aunque la Fapuv “puso piedras en el camino”, opinó
López, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro
Calzadilla, llamó a la federación a sindicalizarse. Para ello solo bastaba
aplicar la Lottt, que señala que un colegio profesional puede registrarse y
asumir la cualidad sindical.
¿Cuántas cláusulas
tiene el contrato?
Son 110, agrupadas
en 10 capítulos.
¿Cómo queda la
transformación universitaria?
“Nosotros definimos
siete cláusulas en las que fijamos los parámetros sobre el compromiso de los
trabajadores con la educación universitaria, en el contexto de la Constitución
y de la Ley Orgánica de Educación”, detalló López. Allí “definimos el
compromiso compartido de trabajar por la educación incluyente con democracia
participativa y protagónica (con voto paritario de toda la comunidad), con
vinculación social, con participación crítica de la comunidad organizada en la
gestión universitaria y externa a la universidad. También, con la revisión
permanente de los programas de formación, la búsqueda del conocimiento para la
independencia tecnológica y la consecución de la soberanía plena del Estado
venezolano”.
¿Los consejos
comunales evaluarán a las y los docentes?
La Ley Orgánica de
Educación establece “que la educación es un hecho social, de compromiso de
todos sus integrantes. La sociedad organizada, en su conjunto, tiene que
opinar; tiene que participar en el hecho educativo, en todas sus instancias,
desde la educación inicial hasta la de cuarto nivel”, razona. La participación
“tiende a chocar con los valores de autosuficiencia que perviven en algunas
universidades, con esquemas heredados de la Cuarta República. Choca contra los
privilegios, choca contra la visión de la universidad ‘autónoma’ y aislada de
la sociedad, y hay factores que no están de acuerdo porque los saca de su
posición”.
El dirigente
sindical insiste en que la comunidad organizada debe opinar sobre la
universidad; recalca que el modelo bolivariano trasciende los muros
universitarios. La universidad “debe opinar sobre lo que necesita de sus
estudiantes, de sus investigaciones, de los profesionales”. Que la comunidad
organizada opine sobre un programa de formación “es importante, porque si no,
mantenemos las universidades como un feudo anclado en el pasado”.
Gremios profesorales
lo consideran una intromisión en su trabajo ¿habrá intromisión en la
evaluación?
“No es un proceso de
intromisión en la evaluación, sino el derecho de la sociedad organizada de
opinar sobre la educación universitaria, sobre el hecho educativo
universitario”, aclaró. “Se ha manejado que los Consejos Comunales van a
decidir sobre el docente universitario, y esa es una vulgarización del concepto
universidad-sociedad, que fue la consigna de nuestras luchas en los años 80 y
90, incluyendo a la Fapuv”.
¿Qué incluye el
salario social?
Con base en las
orientaciones del presidente Maduro se trabajó en cuatro áreas para el salario
social, precisó López: vivienda, alimentación, salud y recreación, y turismo.
Por decisión de los sindicatos se agregó la educación. “El salario social tiene
como objeto complementar y fortalecer el salario real mediante las misiones
sociales propias de la Revolución que van dirigidas a satisfacer las demandas
de las trabajadoras y los trabajadores. El salario social es incuantificable,
porque es toda la Revolución en función de las trabajadoras y los
trabajadores”.
¿Qué se aprobó en
vivienda?
En conjunto con
Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, aprobamos
la aplicación de cuatro áreas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el
sector universitario: adjudicación de unidades habitacionales a personas en
refugio o que estén urgidas de vivienda, proyectos de desarrollo en terrenos
universitarios ociosos, financiamiento y subsidio para clase media en el
mercado secundario, y apoyo para las remodelaciones.
¿En cuánto tiempo se
resolverá el déficit habitacional?
Tal como lo informó
López, se acordó hacer un diagnóstico en 30 días a partir de la firma de la
convención colectiva. “Ya hay 4 mil familias registradas y, con base en el
diagnóstico, empezaremos a priorizar”, indicó. En un máximo de tres años,
estima el dirigente, las trabajadoras y los trabajadores universitarios deben
tener vivienda principal propia.
¿Y en alimentación?
Se acordó, con el
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la apertura de locales de
venta de alimentos de la red Mercal y Pdval en los centros universitarios más
grandes, describió. También se efectuarán operativos periódicos según las
realidades, para bajar la inversión salarial en la compra de alimentos,
manifestó. En lo inmediato se llevará a cabo un inventario de espacios para
instalar los locales. “Se intentará escoger uno en cada capital del país, para
centralizar los centros universitarios. Debe comenzar en septiembre”, estimó.
¿Cuáles son los
avances en salud?
Se acordó que, en un
periodo de tres meses, una comisión (integrada por las federaciones
signatarias, las invitadas y el despacho de educación universitaria, en
coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud) levantaría la
información de los operadores universitarios en salud, “incluyendo los HCM
privados y administrados por el gobierno, los institutos de protección social,
las cajas de ahorro y los servicios médicos que existan”. Con base en ese
diagnóstico “se presentará el proyecto de creación del sistema universal de
atención”.
La idea “es el
máximo aprovechamiento de los recursos invertidos, igualar los beneficios que
mantienen grandes diferencias actualmente. Todo será presentado a la
consideración del gobierno bolivariano para su implementación”.
¿Y mientras tanto
cómo funcionará la salud?
Mientras tanto,
puntualizó López, se mantienen las pólizas y se garantiza el funcionamiento de
los servicios.
“Todo va a seguir
como hasta ahora. Invitamos con toda sinceridad a los institutos de previsión
social de profesores a integrarse a esta gran mesa de trabajo, de manera que se
alimente de la realidad”, acotó. “Se busca la integración de todos los
operadores de salud en un solo sistema, coordinado por los ministerios de
educación universitaria y de salud”.
¿Y en turismo y
recreación?
El dirigente
sindical informó que fue acordado un programa con el Ministerio del Poder
Popular para el Turismo para propiciar el turismo social de las jubiladas y los
jubilados en primer lugar, y luego extensivo hacia las trabajadoras y los
trabajadores activos, en coordinación con la banca pública. “La meta es
entregar la tarjeta del Vivir Bien para jubilados primero y luego para los
activos, con programas de recreación y turismo para el ámbito nacional y hacia
los países del Alba y Mercosur. Está previsto para 2014”, adelantó.
¿Qué se logró para
las trabajadoras y los trabajadores en el ámbito de la educación?
Se mantienen los
programas educativos que existen para las hijas y los hijos, y se garantizó la
aplicación de la atención en educación inicial (que no estaba incluida
anteriormente). También se decidió un plan de formación en conjunto con la
Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero, y la formación
académica formal de empleados, profesores y obreros para mejorar el nivel
educativo de las trabajadoras y los trabajadores universitarios.
¿Cuántas federaciones
firman el contrato?
Hay cuatro
federaciones signatarias: Fetrauve, la Federación Nacional de Sindicatos de
profesores de la Educación Superior, la Federación Nacional de Trabajadores
Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Sindicatos Obreros de
Educación Superior de Venezuela y los sindicatos no federados (unos 10, calculó
López). El dirigente hizo un llamado a la Fapuv “para que se integre a la
segunda etapa, que es la implantación de los acuerdos de salario social, en la
que tiene mucho que opinar y mucho que aportar; se debe abrir un camino para
incorporarse al esfuerzo constructivo”.
¿Cuál es la
inversión en la contratación?
La inversión en el
salario social es incalculable en este momento. En el salario real la inversión
es de 13.800 millones de bolívares, y para 2014 se calculan 27 mil millones de
bolívares. Solo en salario real el costo es de 40 mil millones de bolívares
fuertes entre los dos años, destacó.
¿Qué ocurre en otros
países con la educación universitaria?
En los países bajo
la tutela neoliberal en el mundo, la educación está reducida a sus mínimas
expresiones de inversión, y en la búsqueda de la permanente privatización,
denunció López. “La privatización no se ha terminado de consolidar por la
resistencia del movimiento estudiantil que se mantenía en las calles. En España
y Francia la educación universitaria subsiste pero cada vez con más aportes de
las y los estudiantes; es una privatización y los salarios de empleados,
profesores y obreros están reducidos y sometidos a los sistemas anticrisis, con
reducción de las nóminas universitarias”, remarcó.
En ese contexto,
¿por qué Venezuela asume un contrato que cuesta 40 mil millones de bolívares?
Venezuela lo asume
siguiendo la línea del comandante Hugo Chávez “de desarrollar una educación
universitaria de vanguardia, que permita a Venezuela contar con una educación
universitaria de primera”. Gracias a ello “Venezuela es el quinto país en el
mundo con matrícula universitaria”. Por estos factores “estamos obligados a
fortalecer nuestro compromiso con la institución, con su transformación, y ser
cada día más proactivos para que nuevos estudiantes entren al sistema”.
¿Es suficiente el
presupuesto universitario?
Hay que definir los
dos sistemas que coexisten en la educación universitaria venezolana, enfatizó
López: “El sistema bolivariano, con márgenes de rendimiento excelentes en
cuanto a la cantidad de estudiantes incorporados (cerca de 2 millones), la
pertinencia de sus programas sociales y ahora en proceso de consolidación de su
calidad académica para buscar una educación”. Por otra parte, añadió, funciona
el sistema tradicional, que concentra 20% de la matrícula y 80% del
presupuesto.
¿Qué sucede con el
sistema universitario tradicional?
El dirigente
sindical es muy crítico con el sistema tradicional, al que señala de mantenerse
“con programas de formación desvinculados de la realidad en su mayoría,
heredados del siglo pasado, sin modificación; con más compromiso con las
trasnacionales que con la realidad venezolana”. Ese sector “es el mayor
consumidor de presupuesto y mantiene la prédica de que no alcanza el
presupuesto”. López ratifica que el gobierno nacional ha satisfecho plenamente
las solicitudes de créditos adicionales que se hacen cada año. Según sus
cuentas, “el presupuesto reconducido en 2012 fue de 16 mil millones de
bolívares, con 14 mil millones en créditos adicionales; es decir, 30 mil
millones de bolívares para todo el sistema”.
Confirma, por otra
parte, que es imprescindible revisar el uso que se hace de los ingresos propios
por vía de las fundaciones, que no son auditables y que pueden perjudicar el
patrimonio de las instituciones, como “el estadio de fútbol de la USB o el Aula
Magna y la Sala de Conciertos de la UCV”.
En las 110 cláusulas
de la contratación está incluida “la contraloría social en la ejecución del
presupuesto, con mecanismos de participación con base en la ley de educación, y
con el concepto de la comunidad educativa. Es la educación asumida como un
hecho social por toda la sociedad”.
¿Se irrespeta la
autonomía universitaria?
“En la convención no
se irrespeta para nada la autonomía universitaria; por el contrario,
garantizamos la aplicación y ampliación del concepto de autonomía”, sostiene
López. “La autonomía se garantiza con el respeto por la aplicación del debate
de todas las corrientes de pensamiento, para que la comunidad pueda evaluar las
situaciones que se puedan presentar”, explicó.
¿Está previsto que
el gobierno nacional intervenga alguna de las universidades, como lo han
denunciado las autoridades?
“No hay ninguna
intención de intervenir ninguna universidad”, ataja López. Por el contrario,
“estamos abriendo un debate nacional con amplia participación para que los
procesos fluyan desde adentro, para la adecuación de la educación universitaria
a la realidad venezolana”.
(Correo del Orinoco)
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