El expresidente colombiano Álvaro
Uribe (2002-2010) reconoció que durante su gestión se resgistraron violaciones
a los Derechos Humanos, especialmente en el llamado "Asesinato de
Soacha".
Un oficial y dos suboficiales del
Ejército colombiano fueron condenados este viernes a 32 años de prisión cada
uno por el asesinato en 2004 de dos campesinos que fueron señalados como
integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que
en el país se conoce como los "falsos positivos", informó la fiscalía
colombiana.
De acuerdo con un reporte, los hechos
ocurrieron el 18 de mayo de 2004, cuando unidades del Ejército informaron de la
muerte en combate de dos presuntos insurgentes de las FARC en la aldea
Chontaduro, en Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Testigos en el lugar de los hechos
señalaron en un primer momento que los dos muertos, José Neftalí Posada Usuga y
Fabio de Jesús Piedrahíta Betancur, eran campesinos de la región y que el día
de sus asesinatos fueron abordados por el Ejército, golpeados y tildados de
guerrilleros, para posteriormente ser ejecutados en una finca donde trabajaban.
El Juzgado 21 Penal de Medellín
condenó a 32 años de cárcel a Jhon Alexander Sandoval Díaz, capitán del
Ejército en la época; al subteniente Edwin Leonardo Tora Ramírez y al cabo
primero Carlos Medardo Cuesta Pizarro.
Cuesta Pizarro se encuentra recluido
en la cárcel militar del sur de Bogotá (capital), mientras que Tora está
retenido por otra investigación judicial.
Un grupo de 39 madres de los
conocidos falsos positivos de Soacha, municipio localizado en el departamento
de Cundinamarca (centro), anunciaron a mediados de junio que pedirá a la Corte
Penal Internacional que intervenga en los casos de los militares acusados de
estos crímenes en los que se ejecutaron a jóvenes de manera extrajudicial y los
hacían pasar por guerrilleros.
Desde 2003 la Procuraduría colombiana
investiga muertes de personas en aparentes casos de desapariciones forzadas o
falsos positivos.
El expresidente colombiano Álvaro
Uribe (2002-2010) reconoció que durante su gestión se resgistraron violaciones
a los Derechos Humanos, especialmente en el llamado "Asesinato de
Soacha", donde 11 jóvenes fueron hallados muertos el 23 de septiembre de
2008 en Cimitarra y Ocaña, al norte de Santander y sepultados en fosas comunes.
Hasta 2009, mil 603 militares habían
sido investigados por posibles falsos positivos. Por el caso de Soacha, un
total de 48 militares que fueron procesados gozan del beneficio de libertad por
"vencimiento de términos".
La Fiscalía colombiana ha documentado
más de dos mil de estos casos que implican a unos mil 500 militares, pero sólo
se han dictado 14 sentencias condenatorias por el asesinato de tres jóvenes.
(Telesur)
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